Mario Fanjul

Introducción

El 27 de febrero de 2020, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen realizó su primer viaje oficial, eligiendo el continente africano como destino demostrando el interés de la Unión Europea (UE) por su vecino africano. La presidenta declaró que “La Unión Africana es un socio con el que cuenta la Unión Europea. Juntos continuaremos trabajando en nuestros intereses y objetivos comunes, en el espíritu de una verdadera asociación «de igual a igual». Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, declaró que apreciaba «los resultados de los debates sobre cómo consolidar una asociación ya sólida entre la UA y la UE». Además, la visión de la asociación África-UE, establecida desde la primera Cumbre África-UE en abril de 2000 en El Cairo (Egipto), sentó las bases para «fortalecer las relaciones políticas, consolidar y promover temas de interés común, alentando un multilateralismo efectivo».

Sin embargo, la asimetría de las relaciones de fuerzas y poder que diferencia histórica y actualmente a las dos regiones, podría no ser el mejor punto de partida para una asociación «de igual a igual». El pasado colonial entre los dos continentes, la brecha de desarrollo económico y social que separa las dos regiones, el nivel de conflicto que moviliza a más estados africanos, el deseo de la UE de una responsabilidad compartida en el tema migratorio, o nuevamente la presencia de la UE en el escenario internacional frente a la relativa ausencia de África, definen – y limitan – las capacidades y la posible autonomía de los “socios”. En este contexto podemos preguntarnos: ¿en qué medida las cuestiones de defensa y seguridad de la Unión Europea frente a los desafíos de seguridad que afronta África permiten concebir una asociación de defensa y seguridad en igualdad?

1.     PAZ Y SEGURIDAD EN ÁFRICA

Problemas y desafíos de seguridad en África

Para estudiar la posibilidad de una asociación UE-África es inevitable tener en cuenta los desafíos de seguridad a los que se enfrenta el continente africano y comprender hasta qué punto definen su papel como «socio» en el marco de la asociación.

África sigue siendo uno de los puntos más estratégicos en términos de seguridad del planeta. Más del 80% de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU están desplegadas en la región. La inestabilidad ya no se define por conflictos interestatales sino por conflictos intercomunitarios, el auge del extremismo, la proliferación de grupos armados, el terrorismo, la delincuencia transnacional y un nivel insuficiente de control estatal sobre su territorio. Además, ningún estado africano es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El continente enfrenta un fuerte déficit democrático y de buen gobierno que agrava la inestabilidad. En 2015, un estudio del Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica estimó que solo el 35% de los países africanos eran democracias. Solo tres jefes de Estado dejaron el poder en 2019 (en Argelia, República Democrática del Congo y Sudán).

Por otro lado, la duplicación de la población africana prevista para 2050, que llegaría a más de 2.000 millones de habitantes, desafía los gobiernos que deberán responder a las necesidades y expectativas económicas, sociales y políticas de 390 millones de personas que viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza y una población joven en crecimiento. La presión migratoria corre el riesgo de convertirse en un desafío aún mayor, incluso si se estanca o se controla.

La Unión Africana y la paz

La Unión Africana (UA), que agrupa a los 55 estados del continente africano, reemplazó a la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 2002, respondiendo a la necesidad de alejarse de las cuestiones coloniales y el apartheid, para centrarse en la cooperación e integración de sus Estados, y convertirlos en motores de crecimiento y desarrollo económico. Como se indica en su carta, la UA es parte de la visión «de un África integrada, próspera y pacífica, dirigida por sus propios ciudadanos y que representa una fuerza dinámica en el escenario internacional».

En materia de paz y seguridad, es el Consejo de Paz y Seguridad (PSC), el órgano de decisión de la UA el responsable de la prevención, gestión y resolución de los conflictos en el continente. La UA también ha desarrollado una Arquitectura Africana de Paz y Seguridad (APSA), que reúne todos los mecanismos de la UA para la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente. Adoptada en 2015 por África, la Agenda 2063, que incorpora la iniciativa innovadora «Silenciar las armas para 2020»[1], y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyen un enfoque integral para la prevención y gestión de conflictos en África, que irá de la mano del desarrollo. Marcan un punto de inflexión en las estrategias y objetivos para la paz y la seguridad.

Por lo tanto, podemos ver que la UA dispone de una variedad de instrumentos bien estructurados para garantizar la paz en su continente, y que ha podido desarrollar sus enfoques y estrategias para satisfacer mejor las necesidades de seguridad en su territorio. Sin embargo, este conjunto de mecanismos debe contrastarse con las dificultades que enfrenta la UA para convertirse en un actor autónomo capaz de recaudar fondos para su funcionamiento operativo.  De hecho, existe una fuerte dependencia de la UA con relación a su financiación, lo que contrasta con su deseo de autonomía. En 2019, la cuota africana representa el 42% de su presupuesto y la cantidad de sumas invertidas por los donantes el 58%. Además, las divisiones financieras, ideológicas y geopolíticas que separan a sus estados miembros limitan la capacidad de coordinación para poner en marcha los programas y herramientas desarrollados.

2.     DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA UE

Evolución de las políticas exteriores y de seguridad comunes de la UE

El proyecto de defensa y seguridad europea nació con el Tratado de Maastricht en 1991, creando la UE. Este tratado establece la Política Común de Seguridad y Defensa (PESC), que representa el deseo de Europa de hacer oír su voz y defender sus intereses en la escena internacional, y de ir más allá de su papel de simple poder civil para convertirse en un actor importante en este campo de seguridad. La cumbre franco-británica de Saint-Malo en 1998, que creó la política europea común de seguridad y defensa (PESD) con el objetivo de gestionar colectivamente las crisis internacionales que fue redifinida como política común de seguridad y defensa (PCSD) por el Tratado de Lisboa adoptado en 2009.

La estrategia de seguridad europea, adoptada en 2003, y el Fondo Africano de Paz (APF) creado en 2004 representan un punto de inflexión en el campo de la defensa y la seguridad europeas. Responden a un proceso de institucionalización del enfoque global. Esto tiene lugar principalmente entre la definición de nuevos límites y jerarquías entre los sectores de desarrollo y seguridad. Entre otras cosas, dedica fondos destinados al desarrollo a actividades militares, cuando la ayuda europea hasta entonces había sido exclusivamente de carácter civil. Si bien permite diversificar estrategias y áreas de intervención para un cambio más global, esta institucionalización genera conflictos de actores y jerarquías que dificultan el funcionamiento de sus intervenciones y amenazan su sostenibilidad.

La Operación Artemis, lanzada en el marco de la PESD en la República Democrática del Congo en 2003, marca un precedente siendo el primer lanzamiento de una operación militar en suelo africano. Le siguen las operaciones militares en Somalia, Malí y la República Centroafricana y las misiones de apoyo de la policía civil y la seguridad en Libia, Níger, Malí y Somalia. Complementariamente, la prioridad de los planes de acción relacionados con la Estrategia común UE-África (SCUA) es poner en práctica la Arquitectura africana para la paz y la seguridad, una herramienta africana para la paz, financiada a través del FED. El grado de coordinación y cooperación se reconoce como histórico, y hay una «europeización de las políticas exteriores de los Estados miembros de la Unión»[2]. Sin embargo, la parálisis de los europeos en materia de política exterior y sus repetidas divisiones ante grandes crisis (desde Bosnia en 1990 hasta Irak en 2003), cuestiona las capacidades de la UE en este campo. Asimismo, las sucesivas ampliaciones de la Unión hasta entonces han acentuado el nivel de divergencias y dificultado aún más los procesos de toma de decisiones.

3.     ¿Qué perspectiva existe ante una asociación equitativa entre África y la UE en el ámbito de la defensa y la seguridad?

Cumbre UA-UE 2020: intereses y perspectivas comunes

En la sexta cumbre entre la UE y la UA en febrero de 2020, los “socios” reafirmaron la relevancia del enfoque global y su objetivo de “consolidar una asociación ya fuerte”, colocando el multilateralismo en el centro de su cooperación. Esta nueva estrategia se reflejan las propuestas de la UE para la cumbre UE-UA de octubre de 2020 sobre su asociación común, la «asociación para la paz, la seguridad y la gobernanza», que constituye una de las cinco líneas prioritarias. Existen preocupaciones comunes. África tiene la voluntad de sacar a sus países de crisis y conflictos, de mejorar su nivel de desarrollo social y económico y de hacer valer su potencial en el escenario internacional. También sabe que sin seguridad y paz no puede haber desarrollo. Y esta nueva asociación, que incluye gobernanza, derechos humanos, democracia, resiliencia, desarrollo y una cooperación más estructurada y estratégica, con un enfoque particular en las regiones más vulnerables, podría brindar una respuesta global a sus preocupaciones. La Unión Europea, por su parte, teme la creciente amenaza del terrorismo y la llegada “masiva” de migrantes a su territorio. Y sabe que su seguridad es interdependiente de la situación de seguridad de África. Y para ello cuenta actualmente con 10 misiones comunes de seguridad y defensa en África, aporta 253,6 millones de euros a la fuerza conjunta G5-Sahel para luchar contra el terrorismo y mejorar la seguridad en la región. Una buena base para establecer una asociación.

Nexo entre políticas de migración y seguridad: un nuevo ángulo a tener en cuenta

Desde la perspectiva de la asociación, es importante tener en cuenta el enfoque de seguridad que ha ido impregnando gradualmente la dimensión exterior de las políticas de inmigración europeas y las asociaciones con los países africanos desde el inicio de la crisis de recepción de refugiados que experimentó la UE en 2015. Para ello, la UE está intentando establecer un marco para gestionar los flujos migratorios desde un principio de “responsabilidad compartida” entre los países europeos de destino y los países africanos de tránsito y origen. La Unión ha manifestado claramente que se trata de incrementar los retornos y readmisiones a los países de origen y tránsito de extranjeros en situación irregular.[3]El Fondo Fiduciario de Emergencia para África (ERTF), adoptado durante la cumbre de La Valeta en noviembre de 2015, se ha convertido en una señal de alineación entre los objetivos de las políticas de migración, seguridad y desarrollo. Se compone de tres componentes geográficos operativos: la región del Sahel y la cuenca del lago Chad; el Cuerno de África y África del Norte.

En este contexto, las operaciones de seguridad de los Estados miembros y los países africanos incluyen cada vez más misiones de control de la migración, especialmente en el Sahel.[4]. Así, el mandato de las misiones de apoyo a la capacidad de seguridad interior en Níger y Mali se ha ampliado a la lucha contra la migración irregular, mientras que la declaración de la cumbre euroafricana de París sobre migración del 28 de agosto de 2017 llamaba a acelerar la regionalización de la seguridad europea y acciones de defensa común en el Sahel. Asimismo, la FFU para África apoya, entre otros, la cooperación regional de los países del G5-Sahel, las actividades de formación de la escuela de seguridad del Sahel, la creación de un equipo de investigación conjunto para luchar contra las redes en Níger. Esta iniciativa aporta 40 millones de euros para el fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades nacionales para permitir un control efectivo del territorio.

4.     CONCLUSIÓN

Podemos ver que África y la UE comparten claramente el deseo de asociación. Asimismo, hemos notado los esfuerzos constantes que realizan las dos regiones para dotarse de políticas e instrumentos para construir la paz y la seguridad. La adopción de un enfoque global y su institucionalización han demostrado la voluntad y la capacidad de desarrollar las herramientas utilizadas para responder mejor a contextos de intervención cambiantes y específicos. La última cumbre entre la UE y la UA en 2020 subraya el camino recorrido desde su primera Cumbre África-UE en 2000, confirma la voluntad de seguir trabajando juntos y demuestra la necesidad mutua de cooperar frente a la interdependencia de sus problemas de seguridad.

Sin embargo, podemos seguir preguntándonos si podemos hablar de una verdadera asociación. Por un lado, África, cuya inestabilidad, crisis y conflictos son variables y recurrentes en su realidad, que definen su agenda sin mucho margen de maniobra, depende principalmente de fondos extranjeros, incluida la UE, y no puede mantener sus propias estructuras, incluida la Unión Africana. Debe atender las demandas unilaterales de la UE sobre la “responsabilidad compartida” de la migración desde su continente, sin que se tomen en cuenta las cuestiones económicas, sociales y políticas que ello implica. Y es consciente de que sin paz y seguridad no puede haber desarrollo. Por otro lado, la UE busca reforzar su capacidad de defensa europea que le permita, más allá de defenderse, instalarse como un actor protagonista en el continente.

De tal manera, resulta altamente cuestionable que el continente africano tenga una capacidad real de negociación en una asociación con la Unión Europea en términos de paz y seguridad. De igual manera, no es claro que la UE esté interesada en asociaciones que no pasen por disponer de socios eficaces para elevar su perfil en la escena internacional así como controlar los flujos migratorios.  Es por ello, que hablar de una relación “de igual a igual” resulta muy poco probable así como altamente ambiciosa. La asimetría de poder podría regularse si en lugar de hablar de relaciones África – UE el debate se centrara en representar al continente africano por su institución regional (la Unión Africana). Una asociación Unión Africana – UE no dejaría de ser desequilibrada pero, al menos , estaríamos conversando de negociaciones entre dos bloques más uniformes, a escala regional y más independiente de intereses particulares.

Bibliografía

Para facilitar la lectura, todos los títulos han sido traducidos al castellano

• BastienNivet, “Del laboratorio al espejo: cuando el África subsahariana construye una Europa estratégica”, Politique africaine, 2012/3 (N ° 127),
• Comisión Europea, “Presidente von der Leyen en Addis Abeba para su primer viaje como presidenta fuera de la UE, Actualités Commission Europénne, 06/12/19,
• Daemers Julien, “Thierry Tardy, Marco Wyss (dir.). Mantenimiento de la paz en África. La arquitectura de seguridad en evolución ”, África contemporánea, 2014/2 (n ° 250
• Fundación Robert Schuman, “Cooperación Unión Europea / África: la externalización de las políticas migratorias europeas”, Question d’Europe, nº 472, 30/04/2018,
• Institut Montaigne, “Seguridad y defensa” en Europa-África: socios específicos, Institut Montaigne, Francia, 2019,
• JacquesTénier, “El Fondo Europeo de Desarrollo (FED): El instrumento financiero de sesenta años de política de cooperación para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)”, Gestion & Finances Publiques, 2019/5 (N ° 5)
• Matthieu Tardis, “Asociaciones entre la Unión Europea y los países africanos sobre migración: un problema común, intereses divergentes, Notes de l’IFRI marzo de 2018
• Philippe BRAILLARD, «La política exterior de la Unión Europea: ¿utopía o realidad?» en: L’Europe qui se fait: Perspectivas de un viaje inconcluso. Capítulo 12. París: Ediciones de la Casa de las Ciencias Humanas, 2008
• RFI, «África» ​​con inmensa ambición «según Ursula von der Leyen», RFI África, 07/12/19
• RiendaN’Guettia Kouassi, “Cooperación África-Europa: ¿Por qué necesitamos cambiar el paradigma? »
• SebastiánLoisel, “La creación del“ Fondo para la paz en África ”. Juegos sectoriales en el desarrollo de un instrumento europeo de gestión de crisis ”, Politique européenne, 2016/1 (N ° 51)
• Shewit Woldemichael, “¿Logrará mejor el Consejo de Paz y Seguridad de la UA en 2020? », Instituto de Estudios de Seguridad- ISS Today, 23/01/20
• Simon Allison, «El conflicto sigue siendo el mayor desafío de África en 2020», Instituto de Estudios de Seguridad – ISS Today, 01/06/20
• Unión Africana, “Asociaciones externas formales entre la UA y organizaciones, regiones o países

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[1] Simon Allison, «El conflicto sigue siendo el mayor desafío de África en 2020», Instituto de Estudios de Seguridad – ISS Today,

[2]Philippe BRAILLARD, «La política exterior de la Unión Europea: ¿utopía o realidad?»

[3] Matthieu Tardis, “Asociaciones entre la Unión Europea y los países africanos sobre migración: un problema común, intereses divergentes, Notes de l’IFRI marzo de 2018

[4] Fundación Robert Schuman, “Cooperación Unión Europea / África: la externalización de las políticas migratorias europeas”, Question d’Europe, nº 472, 30/04/2018, disponible en: https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0472-la-cooperation-union-europeenne-afrique-l-externalisation-des-politiques-migratoires

Mario Fanjul

Introducción

Etiopía es el segundo país más poblado de África. Con una población que va camino de alcanzar los 110 millones de habitantes, el crecimiento poblacional etíope va acompañándose de un crecimiento económico (10.8 por año de 2004 a 2011) que, aunque importante, aún mantiene a 37 millones de personas en la pobreza[1].  De tal manera, con una Renta per Cápita de 768 dólares (Banco Mundial, 2017), Etiopía sigue ocupando los puestos de mayor vulnerabilidad en términos de desarrollo humano, con importantes brechas en términos de ruralidad, edad, componentes étnicos y Género.

Como parte de los países signatarios de la Agenda 2030, la Igualdad de género, meta recogida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5) es un compromiso adquirido por el Gobierno Etíope. Pese a importantes avances en términos normativos, Etiopía sigue enfrentando importantes retos en materia de igualdad de género en un contexto en el que, a medio plazo, se plantea ambiciosas metas en relación con la creación de empleo o al crecimiento económica. El Ministerio de la Mujer, Infancia y Juventud (MoWCYA) es la instancia pública de mayor rango con competencias específicas en igualdad de género. Sin embargo, la vulnerabilidad institucional y, especialmente, el arraigo de una cultura patriarcal en todas las esferas de la vida etíope (cultural, política, social, económica, religiosa…) dificultan enormemente la aplicación práctica de las políticas públicas y el avance en la construcción de la igualdad de género en el país.

Marco Legal y avances en la Igualdad de Género

En 2019, Etiopía fue uno de los cinco primeros países en avanzar en el Global Gender Gap Index.[2] Este avance fue debido, especialmente, a los importantes progresos en el ámbito de la salud (con reducción de mortalidad materna, aumento significativo de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva…) así como de liderazgo político (con un gabinete ministerial apuntando a la paridad). Este progreso ha sido debido a un largo camino en el ámbito normativo para reducir progresivamente las brechas de género en el país.

En 1992 se crea la Women Affairs Office (WAO) para promover la equidad de género y las políticas sensibles al género. Esta institución, origen del posterior Ministerio de la Mujer, Infancia y Juventud (MoWCYA) liderará, en 1993, la primera Política Nacional sobre las Mujeres en Etiopía. Esta ley, vigente hasta la actualidad, incluyó objetivos vinculados con la equidad en aspectos políticos, sociales y económicos, incluyendo propiedad de la tierra y reparto de beneficios del trabajo, acceso a servicios básicos, eliminación de prácticas perjudiciales y de supremacía de los hombres, participación de mujeres en el ámbito público y en la toma de decisiones.

La Constitución de Etiopía de 1995 constituyó un avance en la consolidación de los derechos de las mujeres de Etiopía. La Constitución proclama la igualdad entre hombres y mujeres en el Artículo 34 (derechos familiares y maritales),  incluye derechos de las mujeres en el Articulo 35 y hace referencias a los derechos laborales de las mujeres (Artículo 42) y a su participación en la vida económica y social.

A partir de los años 2000 se desarrollan varios marcos normativos que incluyen aspectos vinculados con la igualdad de género como la revisión de la ley de la familia (2000) que incorpora elementos sobre la violación de los derechos de las mujeres, la discriminación en el matrimonio, el divorcio y la crianza de hijos. El Nuevo Código Criminal (2005) incorpora el tratamiento de la violencia basada en género, la eliminación de prácticas tradicionales perjudiciales como la mutilación genital, el secuestro y violación con fines matrimoniales y otros. A la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Beijing+5, en el año 2006 se desarrolla el Plan de Acción Nacional para la Igualdad de género 2006-2010 a la luz de los ODM como un paquete de medidas para el desarrollo de las mujeres en asuntos económicos, sociales y políticos.

En el año 2010, con la Proclamación 691/2010 se reestructura el Ministerio de la Mujer para incorporarle aspectos de infancia y juventud (MoWCYA). Se amplían sus competencias en regular y preparar políticas, desarrollar programas e impulsar la transversalización. Este ministerio comienza a desarrollar instrumentos para incluir el enfoque de género en las políticas públicas como las Orientaciones para la Transversalización de Género de 2011 (que se complementará con un segundo paquete en 2017), las Orientaciones para la Transversalización de Género de 2012 o las Guías para la respuesta a presupuestos sensibles al Género de 2012.

En los últimos años se avanzó en la consolidación de algunos derechos como la extensión del tiempo de maternidad a 120 días y el de paternidad a 10 días laborables (Public servant Proclamation 1064/2017) o el establecimiento de medidas para perseguir y prevenir el acoso sexual en el trabajo (Proclamación 1156/2019). En 2018, el Consejo de Ministros constituido pro el Primer Ministro Abiy Ahmed estableció un Gabinete paritario, con 50% de mujeres.

Sin embargo, y pese a los avances normativos, las mujeres etíopes continúan afectadas por una profunda inequidad en todas las dimensiones, desde el ámbito económico al participativo, desde el acceso a la cultura y la educación o a la vida libre de violencia. Las cifras actuales de Mutilación Genital Femenina (más del 95% en algunas regiones), de violencia basada en género (80% de mujeres manifiestan haber experimentado algún tipo de acoso callejero y un 28% violencia por su pareja), el reparto desigual de la tenencia de la tierra (pese a que la ley exige una propiedad compartida) o el porcentaje de analfabetismo en mujeres (superando el 60%) constatan las importantes brechas en materia de igualdad de género que enfrenta Etiopía. De manera especial, las inequidades de género son aún mayores en ciertos colectivos como mujeres rurales, pastoralistas, con discapacidad o en situación de desplazamiento.

Dinámicas de la exclusión y desigualdad de género

Las dinámicas patriarcales en la organización social, política y económica en Etiopía se constituyen como el principal origen de las exclusiones y desigualdades de género en el país. En un contexto de diversidad cultural con más de 80 grupos étnicos, los patrones excluyentes hacia las mujeres son una tónica habitual salvo muy reducido número de casos en los que (muchas veces como respuesta a la exclusión) se han desarrollado prácticas sociales o culturales de apoyo a las mujeres. Este es el caso del Addooyyee, espacios de diálogo y protección entre mujeres muy frecuentes en los pueblos oromo o las recientemente desarrolladas iniciativas de ahorro basadas en grupos comunitarios de mujeres.

Con un 78% de población rural[3] el acceso a la tierra de cultivo sigue siendo el principal condicionante para el desarrollo económico en Etiopía. Sin embargo, las mujeres ven vulnerado ese derecho de manera sistemática, siendo controlada la propiedad de la tierra por sus maridos o familiares hombres. De tal manera, sólo el 19.2% de las propiedades productivas son propiedad de las mujeres y sólo el 12% de las mujeres a nivel del país tienen acceso a la tierra[4]. En un alto porcentaje, la propiedad única por parte de las mujeres no significa el control de esta sino solamente un trámite administrativo estando la gestión real a cargo de sus hijos o parientes. Las limitaciones en el acceso a la propiedad de la tierra se acompañan de las dificultades para acceder a crédito. Ante la falta de garantías, las mujeres en Etiopía enfrentan importantes retos para acceder a financiación de cara a apoyar sus iniciativas productivas. Si bien las brechas en cuanto a acceso a productos crediticios no son tan grandes (15% de mujeres frente a 21% de hombres en zonas rurales a nivel nacional) las mujeres acceden a montos muy inferiores y condiciones mucho más inequitativas que los hombres. Sin embargo, es necesario señalar el importante papel que las mujeres juegan en la participación en cooperativas de crédito y ahorro.  Mientras que la participación de mujeres en cooperativas agrícolas es cinco veces menor que la de los hombres, la participación femenina en organizaciones rurales de crédito es de un 20% menos.

Según FAO, la vulnerabilidad de las mujeres ante el Cambio Climático como las modificaciones de las épocas de lluvia o los efectos de desastres naturales afecta a las mujeres pro encima del ya alto 80% de dependencia de los productores etíopes. Las sequías y la escasez de agua repercuten directamente en las mujeres, tradicionalmente responsables de proveer a las familias.

De manera vinculada al desarrollo agrícola, las mujeres están relegadas al trabajo de cuidados y al sector informal (36%), recibiendo menores salarios por iguales trabajos que los hombres. Además del acceso a recursos productivos, las brechas en la educación son una de las principales limitantes para la participación de las mujeres en el sector productivo. Sólo el 42% de las mujeres han completado la alfabetización básica en Etiopía (frente al 69% de los hombres) y, en la amplia mayoría que abandona sus estudios, lo hace en cursos más bajos.

En Etiopía, una de cada cinco mujeres ha experimentado algún tipo de violencia física desde la edad de quince años[5]. La aceptación social de la violencia como forma de solucionar los conflictos en la familia genera que una de cada tres mujeres sufra violencia por parte de sus parejas. De igual manera, el acoso callejero y la violencia sexual siguen estando parcialmente invisibilizadas en las encuestas, normalizando este tipo de prácticas especialmente en situaciones de crisis. De manera especial, las prácticas tradicionales nocivas (HTP) como la Mutilación Genital Femenina, el Matrimonio Infantil, y el secuestro y violación con fines de matrimonio siguen estando muy presentes en la vida de las mujeres. Pese a un progresivo rechazo social de estas prácticas, el 65% de las mujeres han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital en Etiopía y el 40% de niñas son casadas antes de los 18 años (14% menores de 15 años)[6]

En términos de participación, Etiopía ha realizado importantes avances. La participación de las mujeres en las tomas de decisiones sobre su salud se ha incrementado en los últimos años del 45% en 2005 al 71% en 2016, aumentando el uso de métodos de planificación familiar[7]. De igual manera, la casi paridad absoluta en la conformación del gabinete de ministros, el aumento de mujeres parlamentarias hasta el 38% o la presidencia del país a cargo de una mujer son importantes avances. Sin embargo, aun existe un largo camino por recorrer. Muchos de los cargos ocupados por mujeres tienen un alto componente de representación institucional y baja capacidad de decisión. De igual manera, la capacidad de influir en las decisiones estratégicas por parte de las mujeres aún es cuestionable.

A nivel rural, solo el 25% de los hogares están liderados por mujeres, quienes asumen las responsabilidades de crianza, cuidados, recogida de agua o mantenimiento del fuego, tareas que afectan directamente a su salud y desarrollo personal.

Marco Institucional en Etiopia para la Igualdad

En febrero de 2021, el Ministerio de la Mujer, Infancia y Juventud presentó el planteamiento de trabajo en la revisión de la Política Nacional de la Mujer para desarrollar una futura Política de Género que sustituya a la Política de 1993. Este nuevo marco regulatorio estaría alineado con el Plan de Desarrollo del Gobierno Etíope denominado 10 Years Perspective Plan (10YYP)

El nuevo plan de desarrollo del gobierno de Etiopia incluye importantes avances con relación a la igualdad de género. Por primera vez se propone establecer un registro de delitos sexuales y crear una policía especifica para atender la violencia de género, con capacidades y instrumentos adecuados. De igual manera se establecen espacios de participación y discusión a nivel rural (Women’s Designated Hubs) para abordar las temáticas de especial interés para las mujeres. Con relación al desarrollo económico, el 10YPP propone constituir mercados con protagonismo para las mujeres, con el fin de impulsar dinámicas económicas más justas e inclusivas, así como constituir semilleros de empresas orientados a negocios liderados por mujeres. En el ámbito del liderazgo, se pretende construir un centro de formación de líderes, intercambiando experiencias con otros países africanos.

A partir de esta política marco, el nuevo plan a diez años para el sector Mujer, Infancia y Juventud (2021-2030) incluye tres orientaciones estratégicas vinculadas con los derechos y bienestar (eliminación de violencia y discriminación), participación y representación (participación y representación equitativa) y beneficios en el desarrollo (desarrollo equitativo, economía formal, propiedad de la tierra…).

Aunque la propuesta de nueva política de Género, alineada con el 10YPP aún mantiene importantes brechas en cuanto a la reorganización de las estructuras tomadoras de decisiones, la participación efectiva de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos o los cambios en las concepciones patriarcales de organización social, en líneas generales ha sido bien acogida por los actores involucrados en el desarrollo equitativo y la justicia de género en el país. Sin embargo, el principal reto para la aplicación efectiva de las políticas públicas de género es la situación de la “institucionalidad de género”, con entidades públicas responsables muy débiles y una baja implementación a nivel local.

El nuevo plan gubernamental prevé un aumento del presupuesto disponible para las políticas de género así como la articulación con organizaciones locales. En los últimos años, por ejemplo, el gobierno etíope ha promovido los comités de desarrollo de las mujeres (WDA) para abordar problemáticas de las mujeres a nivel local, con alto protagonismo en el sector salud. Sin embargo, mientras se apoyan nuevas estructuras que entremezclan la sociedad civil con las entidades públicas (al igual que también ocurre con la Alianza Nacional para poner Fin a la Mutilación Genital Femenina y el Matrimonio Infantil), las entidades competentes siguen disponiendo de un personal insuficiente, sin capacidades técnicas ni experiencia y sin disponibilidad de datos veraces que contribuyan a la toma de decisiones. De igual manera, las instituciones responsables de los asuntos de género tienen una muy baja capacidad de influencia en la elaboración de políticas macro, a nivel económico o de desarrollo, relegando su participación a espacios muy anecdóticos. La baja capacidad a nivel federal, unida a la negativa percepción sobre la importancia de los asuntos de género, se traduce a nivel regional y local en casi la desarticulación total de las políticas de género.

En un país altamente descentralizado como Etiopía, la concreción de las políticas se juega aniveles subnacional. Sin embargo, las oficinas regionales de la mujer, infancia y juventud reciben menos del 2% del presupuesto, porcentaje que se reduce a nivel local, donde los presupuestos no suelen alcanzar el 1%, de los cuales el 90% se centra en pago de salarios. De tal manera, pese a cierto compromiso político a nivel federal, la falta de capacidades institucionales unida a la reacción adversa ante los aspectos de género, las políticas de igualdad acaban limitándose a buenas palabras en los documentos de contexto de las políticas “prioritarias”, con un reducido impacto real en la vida de las mujeres y niñas.

Conclusiones y Recomendaciones para avanzar en la Igualdad de Género en Etiopía

Abordar las desigualdades de género en Etiopía requiere de la unión de esfuerzos entre entidades públicas, sociedad civil y organizaciones privadas. Si Etiopía pretende impulsar una Política de Género transformadora, deberá orientarse a reducir las desigualdades de poder entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida cultural, social, económica o política. Desarrollar actividades “para mujeres” podrá mejorar las condiciones de vida de mujeres etíopes, pero difícilmente transformará las estructuras generadoras de exclusión, continuando con la dinámica de vulnerabilidad.

Durante el diseño, implementación y evaluación de las políticas de género será necesario contar con actores con experiencia que contribuyan durante todo el proceso. Sin embargo, los actores internacionales (muy presentes en el país) no deben sustituir los roles y responsabilidades de los actores clave etíopes. De tal manera, será preferible dilatar los tiempos en el diseño de los marcos regulatorios o incluso reducir la ambición en el alcance de estos a disponer de ejemplares documentos con muy poca apropiación por parte de sus protagonistas.

El papel de la Sociedad Civil en Etiopía ha cobrado cada vez más fuerza en los últimos años. Organizaciones de mujeres profesionales, campesinas, trabajadoras, entidades especializadas en reducir la violencia de género y grupos feministas, han tomado un especial protagonismo en un debate poco diverso hasta la fecha. Incluir el enfoque feminista, de diversidades o de juventud en el contexto de la globalización, es un excelente aporte para políticas de género en el siglo XXI.

Los compromisos políticos deben materializarse en instituciones públicas competentes, capaces de implementar las políticas de género y con los medios necesarios. De tal manera, fortalecer el Ministerio de la Mujer, Infancia y Juventud será crucial durante los próximos años. Establecer adecuadamente una estructura interna, definiendo competencias y dotándola de personal comprometido será un necesario primer paso para, posteriormente, desarrollar planes de capacitación por competencias para los servidores y servidoras públicas. En esta conformación, el Ministerio debe ser ejemplar en cuanto a incorporación de la diversidad étnica, cultural, religiosa o rural que engloba Etiopía.

Debido a su estructura descentralizada, el ejercicio de actualización y reforma del Ministerio de la Mujer, Infancia y Juventud debe replicarse a nivel regional y, posteriormente, establecer mecanismos para capacitar, dotar de recursos y fortalecer a las oficinas locales (woredas) de la mujer. Si bien la participación de Sociedad Civil, ONG y otras entidades es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres, será necesario disponer de estructuras públicas que, de manera eficiente, puedan dar seguimiento a las políticas públicas a todo nivel.

La violencia contra las mujeres y niñas y particularmente la violencia sexual y las prácticas tradicionales nocivas debe ser una prioridad para el Gobierno de Etiopía. La creación de marcos legales, sistemas judiciales y un cuerpo especializado de policía para abordar la violencia basada en género es un importante avance que debe ser acompañado de sensibilización social, abordaje en escuelas y centros de salud, trabajo con líderes sociales y religiosos y, especialmente, con los y las jóvenes.

En este sentido, Etiopía no debe tener miedo a abordar la Igualdad de Género desde su propia historia. La igualdad es un valor para las sociedades que, lejos de separarlas de sus valores y tradiciones, contribuye a consolidar los valores esenciales a lo largo del tiempo, poniendo en relieve lo más positivo de la cultura. La desigualdad y marginación no es parte de ningún tipo de manifestación étnica o cultural sino el resultado de la influencia del patriarcado dentro de la evolución de las dinámicas sociales. Por ello, impulsar el diálogo religioso e intercultural será fundamental para avanzar en la igualdad.

Lejos de pensar que la Igualdad de Género es un “asunto de mujeres” deben dedicarse esfuerzos para transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas y espacios de discusión. El Ministerio de la Mujer será el garante de dotar de elementos para la incorporación del enfoque de género en otros sectores de la administración pública que deberán tener sus propios puntos focales para dar seguimiento a este aspecto central del desarrollo y el Estado de Derecho.

Para acompañar los esfuerzos públicos, la sociedad civil y otros actores sociales deberán contribuir en elevar la sensibilización y compromiso de los diversos actores implicados con la igualdad. Motivar diálogos, apoyar la reflexión colectiva, impulsar el análisis con enfoque de género serán estrategias fundamentales para construir relaciones más justas. De manera especial, apoyar los espacios de participación de mujeres, a través de organizaciones de distinto índole, será fundamental para garantizar su efectiva inclusión en la toma de decisiones.

Etiopía tiene un largo camino por recorrer en materia de igualad en varios frentes (normativo, político, social, cultural…). Aunque pueda resultar que aún no se dan las condiciones necesarias, es importante que los actores sociales continúen sus esfuerzos para iniciar la discusión sobre el feminismo etíope, las diversidades sexuales o la construcción de masculinidades. Resulta un trabajo arduo no exento de riesgos, pero que contribuirán a acelerar los cambios y transformar realmente la sociedad etíope, hacia un modelo de inclusión, equidad e igualdad.

Bibliografía Consultada

• 10 Years Perspective Plan – Document
• Annual Health Sector Performance Report, 2011 EFY, Ministry of Health (2018/19)
• Assessment Series, FAO (2019)
• Ethiopia Demographic and Health Survey. Central Statistical Agency/CSA/Ethiopia and ICF (2016)
• Ethiopia National Human Development Report, UNDP (2018)
• EUD Ethiopia Gender Country Profile. 2021. Labani Motlagh, Sepideh.
• Feminist policy analysis: implications for the agricultural sector in Ethiopia. Drucza, K and Rodriguez, C.M (2018), CIMMYT, Addis Ababa, Ethiopia,
• Global Gender Gap Report 2020
• Integrating gender considerations in Ethiopia’s National Adaptation Plan (NAP) Process: Analysis and recommendations. Environment, Forest and Climate Change Commission. (2018).
• National gender profile of agriculture and rural livelihoods – Ethiopia. Country Gender Assessment Series, FAO (2019)
• New Gender Policy in Ethiopia, 2021. Ministry of Women, Children and Youth
• Preliminary Gender Profile of Ethiopia, UN Women (2014)
• UNICEF Fact Sheet – Girl’s Education Ethiopia, November 2018, UNICEF (2018)
• Women Development and Change Package. Ministry of Women’s and Children’s Affairs (2017)
• Writing Our Rights. Researches. Setaweet and SOAS. 2021

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[1] Banco Mundial. World Bank website, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/01/20/poverty-ethiopia-down-33-percent 

[2] Global Gender Gap Report 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

[3] Estimación de NNUU. https://www.macrotrends.net/countries/ETH/ethiopia/population

[4] National gender profile of agriculture and rural livelihoods – Ethiopia. Country Gender Assessment Series, FAO (2019

[5] 2016 Ethiopia Demographic and Health Survey

[6] UNICEF Fact Sheet – Girl’s Education Ethiopia, November 2018, UNICEF (2018) 

[7] Ethiopia Demographic and Health Survey (2016)