El país africano de Ruanda vivió, en unos 100 días, una de las peores masacres de la historia reciente en 1994. Cien días que pudieron haberse evitado si se hubieran hecho caso de las alarmas en el país. Las consecuencias de ese mal ignorado por la comunidad internacional dejan en la actualidad a hijos nacidos de violaciones y exhumaciones en fosas comunes para recuperar los cadáveres de los asesinados en una guerra entre etnias que hoy en día se sigue trabajando para olvidar y perdonar.
El genocidio de población tutsi en Ruanda empezó en abril de 1994. El contexto de este grave conflicto tiene que ver en parte con el proceso de independencia de Ruanda. En 1959, el grupo étnico de los hutus derrocó al rey gobernante tutsi. Esto provocó que miles de tutsis fueran asesinados y una gran cantidad de personas, exiliadas a otros países vecinos. El hutu Juvénal Habyarimana llega a la presidencia de Ruanda mediante un golpe de estado en 1973. En 1990, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) formado por hijos de exiliados tutsi, lanza un ataque contra Ruanda desde Uganda. Esto provocó más tensiones entre ambas etnias dentro del país y el presidente Juvénal firma los acuerdos de paz de Arusha 1993 con las guerrillas del Frente Patriótico Ruandés. Sin embargo, hubo problemas en cuanto a la aplicación de este acuerdo por la negativa de un sector del gobierno hutu.
El 6 de abril de 1994 hubo un atentado contra el avión en el que volaba el presidente ruandés Habyarimana y el de Burundi, Cyprien Ntayamira. Esa misma noche empezaron las primeras muertes y al día siguiente, la primera ministra de Ruanda, Agathe Uwiligiyimana así como diez soldados belgas de la ONU encargados de su protección fueron torturados y asesinados. Estas muertes aumentaron el odio de los hutus que comenzaron a asesinar a tutsis y a todo aquel que los defendiera. En aproximadamente 100 días, fueron asesinados 800.000 personas de etnia tutsi así como hutus moderados. Según los datos totales, se estima que un millón de personas fue asesinada, al menos 250.000 mujeres violadas, 95.000 niños ejecutados y unos 400.000 jóvenes huérfanos. También hubo miles de refugiados que huyeron a países vecinos como Burundi, Zaire (actual República Democrática del Congo) y Tanzania.
Fue en julio de ese mismo año cuando el FPR derrotó a las tropas hutus y tomó el control del país, finalizando así el genocidio. Se formó un gobierno presidido por Pasteur Bizimungo, de etnia hutu y Paul Kagame como vicepresidente, representante tutsi. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas patrocinó antes del genocidio, en 1993, la denominada Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) con el objetivo de implementar los acuerdos de paz de Arusha. Esta misión duraría hasta 1996 puesto que su duración y mandato tuvo que ser ajustado debido a los eventos que ocurrieron meses después, con el genocidio por parte de la comunidad hutu.
En un principio, la misión tenía como objetivos principales asistir para garantizar la seguridad de la capital, Kigali; controlar el cede de las hostilidades, incluyendo el establecimiento de una zona desmilitarizada y procedimientos de desmovilización; controlar la situación durante el periodo final del mandato del gobierno; ayudar en la limpieza de minas y asistir en la coordinación de asistencia humanitaria. La respuesta internacional en cuanto al genocidio perpetrado por la etnia hutu contra tutsis, según muchos artículos sobre el tema, fue lenta y no suficiente en un principio. De hecho, las tropas belgas fueron retiradas del país debido a sus soldados asesinados junto a la primera ministra. Hicieron lo mismo otros países y el 21 de abril, la misión UNAMIR redujo sus efectivos. Se calcula que, de 2.500, solo quedaron unos 270 efectivos.
Así mismo, la ONU tardó en llamar por su nombre a la sangrienta matanza que estaba ocurriendo en el país. Los llamaba “actos de genocidio”, en vez de genocidio ya que ese matiz implicaba la no intervención de fuerzas para acabar con ello. No fue hasta 2014, 20 años después, cuando la ONU reconoció públicamente su tardía intervención y disculpándose con las víctimas del genocidio. No solo tuvo que ver la tardía respuesta de las Naciones Unidas. El Frente Patriótico Ruandés demandó en la ONU que no intervinieran sus tropas. A finales de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó que Francia enviara ayuda humanitaria, bajo el nombre de Operación Turquesa, con la que se estableció una zona de protección humanitaria en el suroeste de Ruanda que terminó en agosto de 1994.
Como se ha indicado previamente, en julio las tropas del FPR tomaron el control de Ruanda y se comprometieron a declarar la paz y asegurar a la UNAMIR que cooperarían para que volvieran los refugiados ruandeses. Durante los siguientes meses al genocidio perpetrado, la comunidad internacional se volcó con Ruanda. Tras una estimación de los daños humanos causados en el genocidio, Naciones Unidas lanzó un llamamiento humanitario con el que se recaudó 762 millones de dólares para el país.
En cuanto a las culpas, un Comité de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU informó en septiembre que tenían evidencias claves para probar que sujetos hutus habían perpetrado actos de genocidio contra población tutsi. Un informe final se presentó en el Consejo de Seguridad en diciembre de ese año. UNAMIR siguió ofreciendo ayuda humanitaria, limpieza de minas o ayuda a refugiados a reasentarse en el país. Sin embargo, Ruanda pidió el fin de la ayuda de la misión, afirmando que no estaban respondiendo a las necesidades de la población. Finalmente, se atendió a la petición del país y la misión UNAMIR se marchó en marzo de 1996. Por otra parte, las donaciones para ayudar a la crisis humanitaria de Ruanda siguieron hasta llegar a los 617 millones de dólares para la reconstrucción del país.
Juicios del genocidio de Ruanda
El 8 de noviembre de 1994 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), ubicado en la ciudad tanzana de Arusha para juzgar los crímenes cometidos y procesar a los responsables del genocidio y otras violaciones en el territorio de Ruanda desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. El tribunal realizó sus primeras acusaciones en 1995 y los primeros juicios en 1997. El TPIR finalizó sus actividades en 2014, tras años retrasándose su cierre. Finalmente se condenó a 49 acusados a condenas de cárcel, 14 fueron absueltos, 10 transferidos a jurisdicciones nacionales, 9 no fueron juzgados y algunos fallecieron antes de ser condenados. Todos de etnia hutu.
En Ruanda se llevaron se juzgaron los crímenes cometidos en tribunales judiciales convencionales y tribunales comunitarios de justicia participativa llamados “Gacaca” que se formaron en 2001. Los tribunales Gacaca se implantaron como un sistema de justicia transnacional y que combinaba el derecho penal más moderno con procedimientos tradicionales. El funcionamiento era el de hacer participar a comunidades de personas responsables de elegir a aquellos que aprobarían las listas de personas sospechosas de haber participado en el genocidio. Tenían como objetivo aliviar la sobrecarga del sistema judicial y recuperar elementos de la justicia tradicional, así como hacer justicia, ayudar a los supervivientes del genocidio y sentar las bases para una reconciliación nacional.
Por otro lado, los tribunales Gacaca, fueron financiados por países europeos y contó con apoyo institucional. Aprobaron que se realizaran dos medidas esenciales: una de ellas contemplaba las indemnizaciones a las víctimas de genocidio. La otra medida era poner en marcha un programa permitiera que aquellos que infligieron daño a las comunidades, lo reparen para cumplir parte de su condena. Sin embargo, estas medidas no se llevaron a cabo lo rápido que se esperaba. Se puede concluir que estos tribunales tuvieron limitadas garantías procesales. Aunque hubo una aceptación por parte de la mayoría de los juicios rápidos con participación popular, se redujo el número de personas encarceladas y un mejor ambiente entre etnias, también se vieron notificadas violaciones al derecho de un juicio justo.
Respuesta tardía internacional
En 1999, la comunidad internacional y las Naciones Unidas seguían siendo acusadas de no haber prevenido el genocidio. En marzo de ese año, el Secretario General de la ONU, con la aprobación del Consejo de Seguridad, encargó una investigación independiente sobre las acciones de las Naciones Unidas y sus miembros durante el genocidio del país africano. En diciembre se publicaron los informes de la investigación. Se concluyó que el gran fracaso de la respuesta internacional fue la falta de recursos y voluntad política así como errores de apreciación de la envergadura de los acontecimientos en Ruanda. La investigación sirvió para que el secretario general, aceptara las conclusiones del informe y la voluntad de mejorar y aprender a prevenir o detener cualquier otra catástrofe internacional en el futuro.
El caso es que se ignoraron las alarmas que exponían los problemas que estaban por llegar en el país. Analistas políticos y miembros de Naciones Unidas redactaron informes sobre la situación que vivía Ruanda antes de que ocurriera el genocidio. Concretamente, el comandante de la misión UNAMIR, Romeo Dallaire advirtió a la ONU por medio de un fax en enero de 1994 en el que expresa que un alto cargo del grupo paramilitar Interahamwe le comunicó que los milicianos estaban preparados para matar a gente tutsi. También contaban con un gran arsenal de armas. La respuesta, firmada por el jefe de la misión de paz, Kofi Annan decía que se rechazaba cualquier tipo de operación “porque excede el mandato confiado a la UNAMIR”.
Medidas políticas después del genocidio
El gobierno presidido por Paul Kagame desde 2003 buscó borrar los recuerdos del genocidio en la población. Incluso se empezó a desechar la visión étnica de hutus o tutsis definiéndose, simplemente, como población ruandesa. En 2007 se creó la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio con el objetivo de organizar una reflexión sobre el genocidio, las consecuencias de esta y estrategias para prevenir y erradicar. Sin embargo, no se puso en marcha. Sí lo hizo la Comisión Nacional por la Unidad y Reconciliación que sí buscó prevenir nuevos genocidios y promovió la convivencia entre etnias. También elaboró estrategias para superar el genocidio con educación cívica, movilizaciones de masas, conferencias y debates o lucha contra la pobreza.
Sin embargo, las víctimas tuvieron que aprender, de manera casi obligatoria, a vivir con los que fueron los perpetradores de los crímenes, algo que es difícil de llevar a cabo. Aunque hay declaraciones de personas que alegan que supieron perdonar a sus victimarios, no todos tienen la capacidad de ello y es difícil superarlo en poco tiempo.
Conclusiones
El de Ruanda fue un genocidio que pudo haberse evitado. A pesar de que la ONU proclamó el “nunca más”, el daño ya estaba hecho. Y fue un daño inútil en el que se perdieron miles de vidas en poco más de tres meses y aquellas personas que no murieron, fueron heridas, violadas o tuvieron que escapar de sus hogares. La construcción de paz en el país pudo ser mejor y más efectiva. Aparte de la tardanza en la que la comunidad internacional quiso intervenir, la población afectada no estuvo satisfecha con lo que llegaba porque no atendía a sus necesidades. La comunidad internacional ignoró un problema y no hizo nada por solucionarlo rápido. Ruanda y el genocidio que sufrió en 1994 hace cuestionar si esas misiones de paz son tan útiles cuando realmente se necesitan o si hay intereses políticos o de otro tipo que dificultan la consecución de estas misiones.
15 de febrero de 2017. El entonces candidato presidencial Emmanuel Macron se encuentra de visita en Argelia. Allí decide conceder una entrevista a Khaled Drareni (tristemente de actualidad durante los últimos años por su injusta encarcelación), un referente del periodismo libre en el país. Tras una cuestión acerca del impacto de la colonización francesa en Argelia, Macron responde ‘la colonización forma parte de la historia francesa. Se trata de un crimen, un crimen contra la humanidad, una auténtica barbarie. Y forma parte de ese pasado que debemos mirar de cara y presentar nuestras excusas’. Otros responsables políticos franceses como Hollande o Sarkozy habían reconocido la injusticia del régimen colonial, con mayor o menor energía, pero nunca emitido unas palabras tan claras, y fieles a la realidad. Tres meses después, se convierte en presidente.
Desde los años 60, un término se encuentra ligado a la política exterior francesa: ‘Françafrique’ (especialmente durante gobiernos como el de Mitterrand). Este hace referencia a la relación neocolonial de Francia con sus ex colonias en términos económicos, políticos y culturales. Además de la presencia de redes paralelas que unen política y negocios. Inmerso en la campaña electoral, Macron indicaba en una entrevista al periódico Le Monde Afrique que era de interés para Francia la escritura de una nueva página en la relación con África. También afirmaba la necesidad de defender el respeto a los principios democráticos africanos, sostener la Unión Africana y escuchar a la sociedad civil y la juventud. Precisamente fue en noviembre del 2017, durante sus primeros meses de gobierno, cuando pronunció un discurso dirigido a esta juventud africana en la Universidad de Ouagadougou. Remarcando propósitos como la ruptura con sus predecesores, el distanciamiento de la Françafrique y la búsqueda de nuevas relaciones francoafricanas lejos de la injerencia. Buscando dibujar una nueva imagen de África y convencer a una juventud africana crítica con Francia.
Abril del año 2021. Tras todos los discursos, entrevistas e ideas sobre el papel, ¿cuál es el balance 4 años después de la política de Macron respecto al continente africano? En los siguientes puntos, se intenta poner luz sobre algunos de las iniciativas y momentos más relevantes de la relación Francia – África de la mano de Macron durante estos años. ¿Ha supuesto este mandato un cambio real en la relación francoafricana? ¿Hacia qué dirección? ¿O se trata de medidas cosméticas? ¿Estamos ante el fin de la Françafrique o todo lo contrario?
El Franco CFA
Durante una visita de Macron en diciembre del 2019 a Costa de Marfil, se acordó y anunció el fin de franco CFA de África Occidental. Aunque esto pudo suponer una ‘sorpresa’ para una parte de la población, no lo fue para gran cantidad de ciudadanos de 8 países de África occidental (pertenecientes a la UEMOA – Unión Económica y Monetaria de África Occidental) que venían reclamando su final desde hace décadas. Impuesto en 1945 por decreto en las colonias de África Occidental, este vestigio colonial era criticado al perpetuar el control económico francés sobre sus ex colonias. Facilitando la actuación de empresas francesas en el continente, pero obstaculizando el desarrollo de industrias autóctonas. El 50% de las reservas se almacenaban en el Tesoro Francés, Francia poseía un representante en el Banco Central de África del Oeste y se aseguraba la paridad frente al euro. La nueva moneda conocida como Eco mantendrá este último punto, continuando ligada a la fluctuación del euro. Esta decisión divide a los defensores (baja inflación, estabilidad monetaria) y detractores (efectos negativos en las exportaciones y su capacidad competitiva, fuga de flujos financieros hacia Europa). Es importante no olvidar, que el franco CFA de África Central seguirá en uso.
La idea de una moneda común en África Occidental llamada Eco no fue creada a raíz del ascenso de Macron ni su decisión de poner fin al franco CFA. Desde la creación de la CEDEAO/ECOWAS (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) en 1975, surgió la idea de instaurar una moneda común en la región. La medida anunciada por Macron y Alassane Ouattara, solo afecta a 8 de15 estados de la CEDEAO: aquellos que pertenecen a la UEMOA. Países anglófonos con gran peso en la región como Nigeria y Ghana, no pertenecientes a este grupo y que tienen monedas nacionales propias ajenas al franco CFA, no se habrían tomado bien la decisión unilateral de la UEMOA de entrar en el Eco. O lo que sería ‘su propio Eco’, diferente al diseñado en el seno de la CEDAO, ya que países como Nigeria no están de acuerdo en depender del euro. Habrá que ver si estos países deciden unirse con sus vecinos en el marco de un Eco único y consensuado. La entrada en vigor del Eco de los ex países con franco CFA, tenía por fecha inicial el 2020. La pandemia, la crisis económica y la falta de entendimiento entre países de la UEMOA y sus vecinos, solo ha servido para retrasar la entrada en vigor de esta moneda en suspenso. A esto se suma que el anuncio de Macron y Ouattara se llevó a cabo antes de crear un Banco Central, fabricar billetes, adaptar los sistemas informáticos…
¿Se trata de una medida con impacto real en la economía continental? ¿Modifica de raíz la relación económica neocolonial de Francia con el continente africano? ¿O es un cambio cosmético de cara a mejorar la imagen de Francia en el continente a la par que reforzar la imagen de líderes africanos frente a las protestas de su pueblo?
El caso de Argelia
Si hay una expresión usada por Macron en relación a África y la colonización, y especialmente en los últimos tiempos ligada a Argelia, es ‘la reconciliación de las memorias’. Persiguiendo este fin, Macron encargó al historiador Benjamin Stora en julio del 2020 un trabajo de reflexión de la memoria franco-argelina. Entre los objetivos perseguidos, lograr un acercamiento político con Argelia. No solo por la historia conjunta que los une, también debido al interés geopolítico del país (Libia, inmigración, Sahel, terrorismo). Buscando además apaciguar los ánimos de una población francesa y argelina cada vez más polarizada en cuanto a la memoria colonial. Mientras que el régimen argelino se sirve de guerra de independencia y la lucha por la liberación para legitimarse en el poder y evitar tratar temas polémicos, en Francia decenas de miles de personas siguen ligadas al drama de la guerra de Argelia y la descolonización (harkis, combatientes, inmigrantes, pied-noirs).
El 20 de enero del 2021, el esperado informe Stora fue entregado a Macron. En él, se emiten recomendaciones de cara a apaciguar la relación memorial entre ambos países en algunos ámbitos hasta entonces ignorados y evitados en la política francesa. Stora recomienda la creación de una comisión de ‘Memoria y Verdad’ que 3 impulsará iniciativas memoriales entre ambos países y recogerá testimonios de testigos de la guerra. Además, recoge iniciativas como la conmemoración de varias fechas ligadas la memoria franco argelina, la construcción de un monumento homenaje al Emir Abdelkader, la panteonización de la abogada Gisèle Halimi, la apertura de una investigación sobre los sucesos de Oran en 1962 y la preservación de cementerios judíos y europeos en Argelia. También propone renombrar calles en Francia, facilitar las estancias de investigación de historiadores argelinos en Francia para poder consultar los archivos que allí reposan, favorecer la difusión de trabajos de historiadores y otras medidas culturales (creación de un museo de historia, exposiciones, coloquios). Por último, trata temas que despiertan gran controversia a ambos lados del mediterráneo como los harkis (libertad de desplazamiento), los ensayos nucleares franceses en Argelia (tratamiento de las secuelas), los archivos coloniales sacados de Argelia por Francia (reactivación de un grupo de trabajo), el peso y enfoque de la historia de Francia en Argelia en las escuelas (aumentar el espacio tratando tanto la guerra como la colonización) y los desaparecidos (clarificación de los casos).
Siguiendo otra de las recomendaciones de Benjamin Stora en su informe, Macron reconoció públicamente en marzo de este año la responsabilidad del Estado francés, y su ejército, en la tortura y posterior asesinato del abogado nacionalista argelino Ali Boumendjel en 1957. Rompiendo con el discurso oficial hasta entonces de Francia: un suicidio. En 2018 Macron ya reconoció, siendo el primer jefe de Estado en hacerlo, el papel del ejército francés en el asesinato y tortura del matemático, anticolonialista y militante del partido comunista argelino Maurice Audin en 1957. Estos actos de reconocimiento demuestran el poder sin límites que el ejército francés tenía en esos años en el país. Aunque hablan de tortura, la verdadera extensión de este fenómeno ‘institucionalizado’ durante todo el periodo de la Argelia francesa aún continúa invisibilizado. Al igual que las violaciones y torturas sexuales masivas que se llevaron a cabo por algunos soldados franceses.
Si bien es cierto que Macron ha sido el presidente francés que más lejos ha llegado en el reconocimiento de los abusos y violencias francesas en Argelia junto con la realización de un trabajo memorial, será clave en los próximos meses y años ver cómo se materializan las recomendaciones de este informe. Si las víctimas de los ensayos nucleares reciben el reconocimiento justo. Si los archivos son abiertos. Y otros muchos hechos más allá de las palabras. También, qué respuesta ofrecerá el régimen argelino a este intento de acercamiento por parte de Francia. Por el momento, en Argelia Macron es criticado desde ambos lados del tablero político. El movimiento popular prodemocracia Hirak, critica las palabras de Macron en 2020 en una entrevista televisiva donde dijo estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar al presidente Tebboune en el periodo de transición. Presidente que el Hirak considera ilegítimo, autoritario, heredero del antiguo régimen y cuyas prácticas antidemocráticas y restrictivas a la libertad de expresion son un hecho. El gobierno argelino no ha dudado en indicar la ‘excesiva cercanía del embajador de Francia en Argelia con la oposición’. Ambos campos parecen ver la postura de Macron, y Francia, como una nueva injerencia de la potencia ex colonial.
Las relaciones con Ruanda
Cuando Macron llega al poder en 2017, las relaciones Francia – Ruanda no pasaban por sus mejores momentos después de décadas tensas tras el genocidio de Ruanda (1994). El ahora presidente de Ruanda, Paul Kagame, dirigía en los años 90 el Frente Patriótico Ruandés (FPR) de mayoría tutsi que puso fin al genocidio llevado a cabo por el entonces gobierno hutu extremista en el país. Del cual Francia era socio y aliado de gran cercanía. Lo que ha originado continuas críticas de Paula Kagame hacia Francia por complicidad de genocidio. Ruptura de relaciones diplomáticas, procesos judiciales y retiradas de embajadores fueron actos comunes entre Francia y Ruanda las décadas posteriores al genocidio. En 2010 Nicolas Sarkozy visitó Ruanda, siendo el primer presidente francés en hacerlo después del genocidio, y reconoció ‘graves errores’ por parte de Francia durante el periodo. Pero hasta años después, no se cerró una controvertida investigación en Francia al entorno de Paul Kagame por su intervención en la muerte del que era el presidente ruandés antes del genocidio (Juvénal Habyarimana) que dio inicio a las matanzas. Lo que continuó tensando las relaciones entre ambos países.
La llegada de Macron al poder y su voluntad manifestada de escribir una nueva página en la relación África – Francia, alejándose de sus predecesores y de la Françafrique, no ignoraba el desafío que suponía reorientar las relaciones franco-ruandesas. Además de por la relación histórica entre Ruanda y Francia, empañada por papel francés en el genocidio y las tensas relaciones desde entonces, para Macron la gran influencia de Ruanda en el continente a pesar de su pequeño tamaño, hacía necesario un acercamiento con el país. En mayo de 2018 Paula Kagame es recibido en el Palacio del Elíseo 7 años después. Poco después, Francia realiza un gesto con gran simbolismo, y no exento de críticas, apoyando la candidata ruandesa para dirigir la OIF.
En los 4 años de presidencia de Macron, el trabajo memorial franco ruandés más importante fue la nominación de una comisión liderada por el historiador Vincent Duclert que en marzo ha entregado un informe titulado ‘Francia, Ruanda y el genocidio de Tutsis (1990-1994)’. Iniciativa pionera en Francia por lo reciente y controvertido del evento de estudio. La investigación establece ‘un conjunto de responsabilidades, graves y abrumadoras’ por parte de Francia en el genocidio de Ruanda. En cuanto a la pregunta de si Francia fue cómplice de este genocidio, se indica ‘si por esto se entiende una voluntad de asociarse a la operación genocida, nada en los archivos consultados viene a demostrarlo’. La investigación en su búsqueda de verdad ilustra el apoyo francés sin fisuras al régimen hutu genocidiario (al que Francia veía como legítimo por representar a la mayoría) antes y durante el genocidio. Apoyo político y militar de forma deliberadamente ciega a un régimen racista y violento que se veía como el laboratorio de una nueva política francesa en África elaborada por François Mitterrand. Contradiciendo el apoyo a la democratización que tanto proclamaba él mismo esos años. Los tutsis del FPR se calificaron de amenaza extranjera a manos de Uganda, país anglófono. Para Francia el apoyo al régimen hutu no era solo la defensa de un amigo, sino el mantenimiento de la zona de influencia francesa en África. El informe también demuestra por parte de Francia la presencia de prácticas irregulares en la administración, cadenas paralelas de información, permanencia de estereotipos coloniales y lecturas puramente étnicas del contexto africano. Las últimas palabras del informe, contradicen las acusaciones de doble genocidio pronunciadas por Miterrand (genocidio contra los Hutus en Zaire). Tras la publicación del informe, Macron ha anunciado la apertura de los principales archivos.
A pesar de las críticas durante la formación de la comisión (ausencia de dos reconocidos especialistas, desconocimiento de la lengua local y del terreno) y las importantes zonas de sombra en la investigación (quién derribó el avión presidencial, la venta de armas, el papel del ex gendarme convertido en mercenario Paul Barril, los documentos desaparecido del consejero África e hijo de Mitterrand, la falta de acceso a la comisión parlamentaria del 98, los documentos clasificados DGSE) las reacciones no se han hecho esperar. Siendo importante la liberación de la palabra de muchos antiguos dirigentes franceses de la época, mudos durante años. Por ejemplo, el entonces secretario general del Eliseo (Hubert Vedrine), oficiales militares de la operación Turquoise o el Ministro de Asuntos Exteriores de la época (Alain Juppe). Ruanda ha reaccionado al informe indicando que constituye ‘un paso importante hacia una comprensión común del papel de Francia’. ¿Hacia dónde evolucionará la relación Francia – Ruanda? ¿Tendrá consecuencias judiciales el informe Duclert en aspectos como la noción de complicidad o las matanzas de Bisesero? ¿Se aclararán las zonas de sombra que aún perduran? ¿Y el papel del ejército francés? ¿Se desvelarán los informes ocultos?
La región saheliana
El 23 de abril en Yamena, Emmanuel Macron fue el único jefe de estado europeo en asistir al funeral de Idriss Déby Itno. Presidente de Chad los últimos 30 años, tras su muerte en el campo de batalla el país quedó dirigido por un consejo militar encabezado por su hijo. Previa disolución de la asamblea nacional, el gobierno y suspensión de la constitución. Consejo militar, en teoría, de transición, ya que el plan de ruta incluye la convocatoria de elecciones en 18 meses. La intervención de Macron en el funeral de estado no fue meramente representativa, sino que pronunció un discurso en el que demostró su apoyo incontestable al país y sus nuevos dirigentes: ‘Francia no dejará jamás que nadie ponga en causa la estabilidad e integridad de Chad’ (aunque después Macron añadió una nota sobre la necesidad de promover la transición democrática). Este apoyo incondicional de Francia al nuevo régimen anticonstitucional derivado de un golpe de estado, puede parecer inexplicable si nos retrotraemos a los primeros decursos de Macron en relación a África: defensa valores democráticos, apoyo sociedad civil…. Sociedad civil que denuncia la ascensión al poder del hijo de Iddris Deby como lo que es, un golpe de estado institucional. Sin embargo, la especial relación franco-chadiana hay que enmarcarla en el contexto de lucha contra el terrorismo en el Sahel. Para Francia, Iddris Déby era su mayor aliado (llegando incluso a ayudarle en la lucha contra rebeliones internas). El mayor temor de Francia, y otros países de la región, es la expansión del terrorismo y la inestabilidad a nuevas zonas. Por ello lo principal es que en Chad haya estabilidad, continúen liderando las fuerzas antiterroristas de la región y aporten hombres. ¿Aunque sea de esta manera poco democrática y en contra de todos los valores democrático que proclama Francia y la nueva relación que teóricamente busca con áfrica? En este caso, parece que todo vale en nombre de la lucha antiterrorista, la seguridad y la búsqueda de estabilidad en una región con gran riesgo de implosión.
La situación chadiana podría compararse con la vivida en Mali en agosto del 2020 tras el golpe de estado militar. Pero en ese caso, Macron indicaba que la constitución y el gobierno civil debían respetarse ¿Cómo justificar entonces el apoyo al golpe de estado en Chad? El poder y la influencia en la región del Mali de Ibrahim Boubacar Keïta no era comparable a Chad, pero ¿es justificable esta doble vara de medir?
El otro aspecto francés de actualidad en el Sahel es la operación militar Barkhane. Los objetivos perseguidos con su despliegue no se han alcanzado y la aceptación francesa disminuye. El enfoque de seguridad basado en una intervención militar parece probado que no es eficiente ni adecuado al contexto. Los ejércitos de la región, la fuerza G5 Sahel, incluida Francia sospechosa de haber bombardeado a civiles en enero del 2021 sobre una boda en Bounti (Mali), son denunciados por los ataques a civiles. ¿Cambiará Macron la hoja de ruta de su intervención militar poniendo el foco en la protección de los civiles? ¿Promoverá investigaciones para aclarar las denuncias dentro del ejército? ¿Reforzara la necesidad de defender los DDHH frente a cualquier interés en la lucha contra el terrorismo? ¿Se reorientará el enfoque hacia las causas profundas de la crisis?
Elecciones en África Occidental 2020
El pasado año 2020, fueron noticia las elecciones de Costa de Marfil y Guinea Conakry. Antes de llegar al poder, Macron repetía la necesidad de establecer nuevas relaciones con África rompiendo con las dinámicas pasadas. Escuchando a la sociedad civil y defendiendo el respeto de los principios democráticos. Sin embargo, su discurso frente a estos eventos electorales ejemplifica que lo anterior no se cumple, o que depende qué país tenga enfrente. Tanto Alassane Ouattara (Costa de Marfil) como Alpha Condé (Guinea Conakry), han ganado elecciones calificadas de inconstitucionales por parte de su pueblo. Tras dos mandatos presidenciales, el máximo, se realizaron cambios constitucionales. Esto, no por casualidad, ‘dejó el contador a cero’ en cuanto al número de mandatos de cada presidente y según su interpretación les legitimaba a optar a una nueva presidencia. Aunque cada país presenta unas peculiaridades, en ambos la represión contra la oposición y la sociedad civil fue constante. Frente a Costa de Marfil, país que ha sido uno de los pilares de la Françafrique, Macron justificó el 3º mandato de Alassane Ouattara como ‘un deber ante una situación excepcional’: la muerte semanas previas a la elección del candidato designado por él mismo. Según Macron ‘Ouattara no quería presentarse a un 3º mandato’. Por el contrario, en el caso de Guinea, Macron denunció que la situación era grave y no felicitó al vencedor. Ambos casos representan una clase política que se aleja de los principios democráticos e instrumentaliza el aparato del poder para perpetuarse en su puesto. ¿No debería Macron haber actuado por igual condenando la situación y la violencia? ¿Restan legitimidad estos ejemplos a su voluntad de establecer nuevas relaciones con el continente a nivel de respeto de los valores democráticos? ¿Se está dejando llevar Macron por el interés económico para Francia de una potencia regional como Costa de Marfil?
La condecoración de Abdel Fattah Al-Sissi
Posiblemente uno de los momentos más polémicos de la era Macron y su relación con África, fue la entrega de la Legión de Honor al presidente egipcio Al-Sissi en diciembre del pasado año. Quizá anticipando el impacto en la opinión pública, la ceremonia fue realizada a puerta cerrada y solo desvelada por las imágenes de la televisión egipcia. Entre los criterios de atribución de esta distinción a ciudadanos extranjeros, se encuentran la prestación de servicios a Francia o la defensa de causas humanitarias o DDHH. También puede servir como reconocimiento en el marco de una visita de Estado sosteniendo la política exterior. ¿Era necesaria esta condecoración o fue una provocación como la denominan grupos de defensa de los DDHH?
Tras el ascenso al poder de Al-Sissi en 2013, las denuncias de organizaciones de defensa de DDHH no han cesado. Detenciones arbitrarias de miembros de la sociedad civil, políticos, periodistas, activistas por los derechos LGTBI. Afectados por tortura, represión, desapariciones y falta de libertad de expresión. En muchas ocasiones en el marco de campañas encuadradas en ‘lucha antiterrorista’. Para Francia, y otros socios internacionales, Al-Sisi dirige un país considerado por muchos ‘un polo de estabilidad’ en la región que no debe convertirse en otra crisis más como la de sus vecinos libios o sirios. Además, el interés geopolítico de las relaciones Francia – Egipto es enorme en términos de inmigración, cooperación (e industria) militar, economía y especialmente lucha antiterrorista. Considerándose así a Egipto un aliado estratégico en la región.
¿Fue legítimo el reconocimiento a Al-Sissi? ¿Se dejó llevar Macron por la realpolitik? ¿Prima la lucha contra el terrorismo en las relaciones internacionales de Francia en detrimento de la defensa de los derechos y libertades de la que tanto presume? ¿Este capítulo refleja las contradicciones en política exterior entre las que se mueve Macron? ¿Intereses militares/económicos/migratorios contra defensa derechos universales? ¿O Macron simplemente quería recuperar una relación dañada por sus palabras críticas en 2019?
Restitución de obras de arte africanas
Durante el ya mencionado discurso a la juventud africana (2017) de un recién nombrado presidente, Macron anunció su voluntad de tratar la restitución temporal o definitiva del patrimonio artístico africano al continente. Para que las obras no se encontrasen solo en museos europeos, muchos franceses como el Musée du Quai Branly (70.000 objetos), y colecciones privadas. Un tema de elevada importancia, pero hasta entonces tabú. No comentado por las autoridades francesas de alto nivel probablemente por lo que implicaba asumir y reconocer el despojo del patrimonio artístico africano durante la colonización. Meses antes de la victoria electoral de Macron, el presidente de Benín (Patrice Talon) proclamó su interés en recuperar obras de arte. Pero las autoridades francesas indicaron que según la legislación en vigor ‘dichos bienes pertenecientes a colecciones públicas se encontraban bajo los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad’, por lo que su restitución no era posible. Tras el discurso de Macron, la solución no se antojaba rápida ni sencilla. Se iniciaba un rompecabezas jurídico, administrativo y político. Museos, coleccionistas y casas de subastas se preguntaron qué impacto tendría las palabras de Macron en su futuro.
En noviembre de 2018, Bénédicte Savoy (historiadora francesa) y Felwine Sarr (economista senegalés) entregaron a Macron un informe encargado de analizar la cuestión de la restitución de las obras africanas. En su versión final, abogan por la restitución de forma permanente al continente africano toda obra u objeto de África que en su momento llegase a las colecciones francesas de forma irregular (saqueo, expolio, confiscación unilateral durante la colonización) y que sea demandado por el país africano de origen. También se denuncia la condescendencia del argumento que indicaba que los museos africanos no cumplían las condiciones de conservación. En cuanto a los pasos a seguir, se animaba a Francia a entregar un inventario de obras a cada país africano. Después se crearían comisiones bilaterales en las que cada país demandaría qué obras quiere recuperar. Si Francia no demuestra su adquisición legitima, deberá restituirlas el país de origen. Promoviendo de forma conjunta la investigación, la recolección de información, el intercambio científico y la capacitación.
En julio de 2020, un primer proyecto de ley para la restitución definitiva de 2 obras (un sable senegalés del siglo XIX y 26 obras expoliadas por las tropas coloniales en Benín) enviadas a Francia durante la colonización fue examinado. En octubre se aprobó suponiendo un acto con gran simbolismo, más allá de todas las palabras de Macron tratando la reconciliación de las memorias. Pero aun quedan retos que afrontar, siendo esencial en Francia la aprobación de una ley general para la restitución que evite las leyes ad hoc para cada retorno. Por parte de los gobiernos africanos, la disparidad es notable en cuanto a la solicitud de restituciones. En muchos países los trabajos de acondicionamiento de museos se están realizando en la actualidad. En otros casos, la dificultad viene de la imposición de fronteras coloniales que no representan los antiguos territorios de muchos reinos expoliados. Y así dificultan establecer quien debe ser el receptor de la obra. Por parte europea, aún queda mucho trabajo por hacer para lograr que museos y coleccionistas privados se involucren en la tarea de restitución y compartan la necesidad de llevarla a cabo. Pero lo que no puede negarse, es que las palabras de Macron pusieron sobre la mesa una demanda hasta entonces en las sombras. Y ha impulsado la activación de otros países europeos que han comenzado a estudiar la restitución de obras ¿Se avanzará de forma real en la restitución de obras de arte en los próximos años? ¿Quedarán estas iniciativas instrumentalizadas por un poder que busca mejorar su imagen olvidándose el fin histórico cultural? ¿Seguirán otros países la estela de Francia?
Conclusiones
A pesar de la determinación de Macron para terminar con la Françafrique y establecer nuevas relaciones de no injerencia, la realpolitik y la lucha antiterrorista le han llevado a apoyar más o menos directamente autocracias, golpes de Estado y mandatos inconstitucionales. El ataque a los DDHH y los valores democráticos parece poder ser ignorado en nombre de la estabilidad y seguridad. Siguiendo así la estela de antiguos presidentes de la República. Más allá de sus propias contradicciones, es importante destacar otras iniciativas desarrolladas acerca del Genocidio de Ruanda y la época colonial de Argelia. Al contrario que sus predecesores, ha sacado a la luz y reconocido temas hasta entonces tabú, promovido un trabajo memorial con más o menos éxito y liberado la palabra de la sociedad. Más allá de estos trabajos memoriales, habrá que evaluar los actos tras las palabras. Pero no puede negarse un avance frente al inmovilismo de antiguos mandatarios. En otros aspectos como las restituciones de obras de arte y el fin del franco CFA, el paso delante de Macron es de valorar, pero de nada servirá si queda como una medida cosmética sin cambios profundos. ¿Podremos ver avances y novedades en el año restante de mandato?
