Ester Hernández Olive
El país africano de Ruanda vivió, en unos 100 días, una de las peores masacres de la historia reciente en 1994. Cien días que pudieron haberse evitado si se hubieran hecho caso de las alarmas en el país. Las consecuencias de ese mal ignorado por la comunidad internacional dejan en la actualidad a hijos nacidos de violaciones y exhumaciones en fosas comunes para recuperar los cadáveres de los asesinados en una guerra entre etnias que hoy en día se sigue trabajando para olvidar y perdonar.
El genocidio de población tutsi en Ruanda empezó en abril de 1994. El contexto de este grave conflicto tiene que ver en parte con el proceso de independencia de Ruanda. En 1959, el grupo étnico de los hutus derrocó al rey gobernante tutsi. Esto provocó que miles de tutsis fueran asesinados y una gran cantidad de personas, exiliadas a otros países vecinos. El hutu Juvénal Habyarimana llega a la presidencia de Ruanda mediante un golpe de estado en 1973. En 1990, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) formado por hijos de exiliados tutsi, lanza un ataque contra Ruanda desde Uganda. Esto provocó más tensiones entre ambas etnias dentro del país y el presidente Juvénal firma los acuerdos de paz de Arusha 1993 con las guerrillas del Frente Patriótico Ruandés. Sin embargo, hubo problemas en cuanto a la aplicación de este acuerdo por la negativa de un sector del gobierno hutu.
El 6 de abril de 1994 hubo un atentado contra el avión en el que volaba el presidente ruandés Habyarimana y el de Burundi, Cyprien Ntayamira. Esa misma noche empezaron las primeras muertes y al día siguiente, la primera ministra de Ruanda, Agathe Uwiligiyimana así como diez soldados belgas de la ONU encargados de su protección fueron torturados y asesinados. Estas muertes aumentaron el odio de los hutus que comenzaron a asesinar a tutsis y a todo aquel que los defendiera. En aproximadamente 100 días, fueron asesinados 800.000 personas de etnia tutsi así como hutus moderados. Según los datos totales, se estima que un millón de personas fue asesinada, al menos 250.000 mujeres violadas, 95.000 niños ejecutados y unos 400.000 jóvenes huérfanos. También hubo miles de refugiados que huyeron a países vecinos como Burundi, Zaire (actual República Democrática del Congo) y Tanzania.
Fue en julio de ese mismo año cuando el FPR derrotó a las tropas hutus y tomó el control del país, finalizando así el genocidio. Se formó un gobierno presidido por Pasteur Bizimungo, de etnia hutu y Paul Kagame como vicepresidente, representante tutsi. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas patrocinó antes del genocidio, en 1993, la denominada Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) con el objetivo de implementar los acuerdos de paz de Arusha. Esta misión duraría hasta 1996 puesto que su duración y mandato tuvo que ser ajustado debido a los eventos que ocurrieron meses después, con el genocidio por parte de la comunidad hutu.
En un principio, la misión tenía como objetivos principales asistir para garantizar la seguridad de la capital, Kigali; controlar el cede de las hostilidades, incluyendo el establecimiento de una zona desmilitarizada y procedimientos de desmovilización; controlar la situación durante el periodo final del mandato del gobierno; ayudar en la limpieza de minas y asistir en la coordinación de asistencia humanitaria. La respuesta internacional en cuanto al genocidio perpetrado por la etnia hutu contra tutsis, según muchos artículos sobre el tema, fue lenta y no suficiente en un principio. De hecho, las tropas belgas fueron retiradas del país debido a sus soldados asesinados junto a la primera ministra. Hicieron lo mismo otros países y el 21 de abril, la misión UNAMIR redujo sus efectivos. Se calcula que, de 2.500, solo quedaron unos 270 efectivos.
Así mismo, la ONU tardó en llamar por su nombre a la sangrienta matanza que estaba ocurriendo en el país. Los llamaba “actos de genocidio”, en vez de genocidio ya que ese matiz implicaba la no intervención de fuerzas para acabar con ello. No fue hasta 2014, 20 años después, cuando la ONU reconoció públicamente su tardía intervención y disculpándose con las víctimas del genocidio. No solo tuvo que ver la tardía respuesta de las Naciones Unidas. El Frente Patriótico Ruandés demandó en la ONU que no intervinieran sus tropas. A finales de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó que Francia enviara ayuda humanitaria, bajo el nombre de Operación Turquesa, con la que se estableció una zona de protección humanitaria en el suroeste de Ruanda que terminó en agosto de 1994.
Como se ha indicado previamente, en julio las tropas del FPR tomaron el control de Ruanda y se comprometieron a declarar la paz y asegurar a la UNAMIR que cooperarían para que volvieran los refugiados ruandeses. Durante los siguientes meses al genocidio perpetrado, la comunidad internacional se volcó con Ruanda. Tras una estimación de los daños humanos causados en el genocidio, Naciones Unidas lanzó un llamamiento humanitario con el que se recaudó 762 millones de dólares para el país.
En cuanto a las culpas, un Comité de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU informó en septiembre que tenían evidencias claves para probar que sujetos hutus habían perpetrado actos de genocidio contra población tutsi. Un informe final se presentó en el Consejo de Seguridad en diciembre de ese año. UNAMIR siguió ofreciendo ayuda humanitaria, limpieza de minas o ayuda a refugiados a reasentarse en el país. Sin embargo, Ruanda pidió el fin de la ayuda de la misión, afirmando que no estaban respondiendo a las necesidades de la población. Finalmente, se atendió a la petición del país y la misión UNAMIR se marchó en marzo de 1996. Por otra parte, las donaciones para ayudar a la crisis humanitaria de Ruanda siguieron hasta llegar a los 617 millones de dólares para la reconstrucción del país.
Juicios del genocidio de Ruanda
El 8 de noviembre de 1994 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), ubicado en la ciudad tanzana de Arusha para juzgar los crímenes cometidos y procesar a los responsables del genocidio y otras violaciones en el territorio de Ruanda desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. El tribunal realizó sus primeras acusaciones en 1995 y los primeros juicios en 1997. El TPIR finalizó sus actividades en 2014, tras años retrasándose su cierre. Finalmente se condenó a 49 acusados a condenas de cárcel, 14 fueron absueltos, 10 transferidos a jurisdicciones nacionales, 9 no fueron juzgados y algunos fallecieron antes de ser condenados. Todos de etnia hutu.
En Ruanda se llevaron se juzgaron los crímenes cometidos en tribunales judiciales convencionales y tribunales comunitarios de justicia participativa llamados “Gacaca” que se formaron en 2001. Los tribunales Gacaca se implantaron como un sistema de justicia transnacional y que combinaba el derecho penal más moderno con procedimientos tradicionales. El funcionamiento era el de hacer participar a comunidades de personas responsables de elegir a aquellos que aprobarían las listas de personas sospechosas de haber participado en el genocidio. Tenían como objetivo aliviar la sobrecarga del sistema judicial y recuperar elementos de la justicia tradicional, así como hacer justicia, ayudar a los supervivientes del genocidio y sentar las bases para una reconciliación nacional.
Por otro lado, los tribunales Gacaca, fueron financiados por países europeos y contó con apoyo institucional. Aprobaron que se realizaran dos medidas esenciales: una de ellas contemplaba las indemnizaciones a las víctimas de genocidio. La otra medida era poner en marcha un programa permitiera que aquellos que infligieron daño a las comunidades, lo reparen para cumplir parte de su condena. Sin embargo, estas medidas no se llevaron a cabo lo rápido que se esperaba. Se puede concluir que estos tribunales tuvieron limitadas garantías procesales. Aunque hubo una aceptación por parte de la mayoría de los juicios rápidos con participación popular, se redujo el número de personas encarceladas y un mejor ambiente entre etnias, también se vieron notificadas violaciones al derecho de un juicio justo.
Respuesta tardía internacional
En 1999, la comunidad internacional y las Naciones Unidas seguían siendo acusadas de no haber prevenido el genocidio. En marzo de ese año, el Secretario General de la ONU, con la aprobación del Consejo de Seguridad, encargó una investigación independiente sobre las acciones de las Naciones Unidas y sus miembros durante el genocidio del país africano. En diciembre se publicaron los informes de la investigación. Se concluyó que el gran fracaso de la respuesta internacional fue la falta de recursos y voluntad política así como errores de apreciación de la envergadura de los acontecimientos en Ruanda. La investigación sirvió para que el secretario general, aceptara las conclusiones del informe y la voluntad de mejorar y aprender a prevenir o detener cualquier otra catástrofe internacional en el futuro.
El caso es que se ignoraron las alarmas que exponían los problemas que estaban por llegar en el país. Analistas políticos y miembros de Naciones Unidas redactaron informes sobre la situación que vivía Ruanda antes de que ocurriera el genocidio. Concretamente, el comandante de la misión UNAMIR, Romeo Dallaire advirtió a la ONU por medio de un fax en enero de 1994 en el que expresa que un alto cargo del grupo paramilitar Interahamwe le comunicó que los milicianos estaban preparados para matar a gente tutsi. También contaban con un gran arsenal de armas. La respuesta, firmada por el jefe de la misión de paz, Kofi Annan decía que se rechazaba cualquier tipo de operación “porque excede el mandato confiado a la UNAMIR”.
Medidas políticas después del genocidio
El gobierno presidido por Paul Kagame desde 2003 buscó borrar los recuerdos del genocidio en la población. Incluso se empezó a desechar la visión étnica de hutus o tutsis definiéndose, simplemente, como población ruandesa. En 2007 se creó la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio con el objetivo de organizar una reflexión sobre el genocidio, las consecuencias de esta y estrategias para prevenir y erradicar. Sin embargo, no se puso en marcha. Sí lo hizo la Comisión Nacional por la Unidad y Reconciliación que sí buscó prevenir nuevos genocidios y promovió la convivencia entre etnias. También elaboró estrategias para superar el genocidio con educación cívica, movilizaciones de masas, conferencias y debates o lucha contra la pobreza.
Sin embargo, las víctimas tuvieron que aprender, de manera casi obligatoria, a vivir con los que fueron los perpetradores de los crímenes, algo que es difícil de llevar a cabo. Aunque hay declaraciones de personas que alegan que supieron perdonar a sus victimarios, no todos tienen la capacidad de ello y es difícil superarlo en poco tiempo.
Conclusiones
El de Ruanda fue un genocidio que pudo haberse evitado. A pesar de que la ONU proclamó el “nunca más”, el daño ya estaba hecho. Y fue un daño inútil en el que se perdieron miles de vidas en poco más de tres meses y aquellas personas que no murieron, fueron heridas, violadas o tuvieron que escapar de sus hogares. La construcción de paz en el país pudo ser mejor y más efectiva. Aparte de la tardanza en la que la comunidad internacional quiso intervenir, la población afectada no estuvo satisfecha con lo que llegaba porque no atendía a sus necesidades. La comunidad internacional ignoró un problema y no hizo nada por solucionarlo rápido. Ruanda y el genocidio que sufrió en 1994 hace cuestionar si esas misiones de paz son tan útiles cuando realmente se necesitan o si hay intereses políticos o de otro tipo que dificultan la consecución de estas misiones.